Por: Arq. Erick Uribio, director ejecutivo  interino, ANADIE

Es importante visualizar el desarrollo de la infraestructura, haciendo uso de otras alternativas y no solo desde una perspectiva estrictamente estatal, ya que en ningún país del mundo el presupuesto gubernamental es lo suficientemente robusto como para financiar las obras que requiere la población.  

Como establece la Constitución, el Estado debe velar por el bienestar de sus habitantes, y aunque en Guatemala se han desarrollado esfuerzos por lograrlo, se estima que el 59.3 por ciento de la población se encontraba en pobreza en el 2014, según lo publicado por el INE, y en actualizaciones del Ministerio de Desarrollo, en el 2019 aumentó en 2.3 por ciento; el cálculo del Índice Multidimensional de Pobreza  calculado por el PNUD analizó el total de privaciones con las que sobreviven los guatemaltecos, lo cual hace evidente que más de la mitad de la población del país no tiene acceso a requerimientos básicos como salud, educación y vivienda.   Asimismo, según informe de la Cepal (2017) una de las causas de la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos es la insuficiente interconexión a través de rutas transitables debido a la baja inversión en infraestructura, en donde en Guatemala alcanza el 0.51% en relación al PIB, la cifra más baja de América Central.