Desde el 2010, Guatemala cuenta con una Ley de Alianzas Público-Privadas, un marco regulatorio que se generó en el 2011 y una institucionalidad que tiene la capacidad de estructurar proyectos y implementarlos a través de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie). Sin embargo, los resultados, debido a la falta de apoyo político y presupuesto, son poco alentadores.