Todos los funcionarios y empleados públicos, en especial las autoridades de las entidades a que hace referencia el artículo 1 del presente instrumento, tienen la obligación de promover y velar que las acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas, continuar con el logro de los resultados establecidos, considerando la razón de ser de los programas presupuestarios, y focalizar el gasto en beneficio de la población más necesitada.